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domingo, 31 de enero de 2010

COLOMBIA: Paramilitares, Dole, Chiquita y ¿un sindicalista al servicio a quien?










Cuando el presidente sindical protestaba desde la oficina de Chiquita contra reportaje publicado a favor a los obreros bananeros en Colombia

¿Al servicio de quién esta Guillermo Rivera, presidente del sindicato bananero en Colombia?


Primera parte: viernes 29 de enero de 2010:
Colombia: Así fue el ‘servicio paramilitar integral’ para Dole y Chiquita, Por Argenpress:
http://www.argenpress.info/2010/01/colombia-asi-fue-el-servicio.html



Por Dick Emanuelsson



CENTROAMÉRICA / 100131 / ¿Puede un sindicalista apoyar un régimen abiertamente antipopular y antisindical, enviar homenajes a uno de los más sangrientos generales colombianos, acusado múltiples veces por los organismos de dd.hh. y hasta los mismos y máximos jefes paramilitares de ser uno de los creadores del monstruo que regó las zonas bananeras en Colombia de sangre obrera y para el colmo, desde la oficina de BANADEX (sucursal de Chiquita en Urabá), enviar una carta de protesta al semanario de la central obrera sueca por un reportaje que solo transmitía lo que decía los obreros y los representantes del sindicato regional y así entregar información real sobre la guerra contra los trabajadores bananeros en Colombia, desde una de las fincas de Chiquita en Ciénaga?

Esa es la pregunta que cualquier ser normal debe hacerse cuando se trata de Guillermo Riveras, presidente nacional del sindicato nacional de los obreros bananeros.

* * *

A final de noviembre del 2000 pasé tres días haciendo reportaje en diferentes fincas en Cienaga, una de las dos regiones bananeras de Colombia. El extenso reportaje fue publicado en seis páginas de LO-TIDNINGEN, el semanario de la central obrera sueca, un medio muy poderoso políticamente en el país escandinavo.

El reportaje fue publicado el 12 de enero de 2001. El 24 de enero fue asesinado JOSÉ GÜETTE, presidente seccional del sindicato SINTRAINAGRO. Este me había facilitado el reportaje y me había acompañado durante los tres días en la zona bananera. También nos acompañó ROBINSON OLIVERO, fiscal en el sindicato seccional.

Hice un seguimiento del asesinato que fue publicado en el LO-Tidningen a final de enero de 2001, citando como fuente el diario El Tiempo. La nota de El Tiempo también citaba el jefe de la policía de Ciénaga que relataba que la policía había detenido un supuesto paramilitar acusado por el asesinato a Güette. También mencionaba que Güette fue asesinado durante las negociaciones del convenio colectivo entre Chiquita y Sintrainagro.

Después de la publicación del reportaje y la noticia sobre la muerte de Güette, a la redacción del LO-Tidningen en Estocolmo llegó una carta de protesta [1]. La carta había llegado primero a una firma de consultores de la Asociación de Industriales Suecos (Svenska Industriförbundet), es decir la contraparte sindical sueca. En la carta se pudo constatar que el fax había sido enviada de la oficina de BANADEX S A URABÁ, que es la filial de Chiquita en Colombia.

Más preocupado por Chiquita que los afiliados

La carta era firmada por Guillermo Rivera con fecha de 7 de febrero de 2001. Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SlNTRAINAGRO), protesta por mi reportaje sobre Cienaga:

“Denuncia ante la opinión publica y el movimiento sindical nacional e internacional la actitud irresponsable del señor DICK EMANUELSSON del diario SWEDISH NEWSPAPER LO de Suecia, donde viene haciendo unos comentarios y señalamientos a la producción bananera de Colombia sin haber hecho una investigación de todas las áreas en producción de banano, afectando de esta manera la comercialización de banano colombiano, en Europa y E.E.U.U. cuando ésta es una de las fuentes de empleo mas fuerte en el sector de la agricultura que tenemos en Colombia”.

Agrega que este reportero no tiene autorización de hacer reportaje sin permiso y tampoco puede escribir sobre la muerte de Güette, que solo a final de la carta menciona [vea anexo).

“. . . no aceptamos que sin coordinar con nuestra organización sindica1 en Colombia en una forma colectiva se este hablando a nombre de la organización y haciendo señalamientos directos, en casos como la muerte del compañero JOSÉ LUÍS GUETTE, dirigente sindical en Cienaga Magdalena, que solo le compete a la organización sindical y a la justicia colombiana”, termina la carta que un colega sueco resumió con el comentario; “Parece que el señor Rivera esta más preocupado por las ganancias de Chiquita que la vida de sus propios afiliados”.

BANADEX condenado por contrabando de armas a las AUC


El 7 de noviembre del mismo año, es decir nueve meses después la publicación sucedió lo siguiente:

“BANADEX fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su ‘mejor gol’ y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la DIAN”, escribía la revista Semana el 17 de marzo de 2007 con fuente a las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. [2].

La revista también relató que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, gracias a “las investigaciones periodísticas de los reporteros Mike Gallagher, en Estados Unidos, e Ignacio Gómez, en Colombia, también han aportado elementos para armar el dossier de corrupción y complicidad entre la bananera y los paramilitares”. Chiquita fue sentenciada en octubre de 2001 por una suma irrisorio 100.000 dólares en Estados Unidos por sobornos a funcionarios de DIAN mientras en Colombia, el aparato judicial archivó inexplicablemente el por que caso no encontró méritos para condenar la empresa, a pesar una investigación de la OEA.

Por su lado la revista Semana concluyó este tema con las siguientes líneas:

“Pese a que la bananera aceptó su culpa desde 2004, en Colombia no hay procesos contra Chiquita, Banadex o sus directivos en esa época. Ni por financiación de grupos paramilitares, ni por el soborno pagado para obtener la operación del puerto, ni por el cargamento de armas que ayudaron a entrar por él. Incluso parece que en algunas entidades, como en el DAS, lo que se buscó fue entorpecer las investigaciones que podrían relacionar a esta empresa”.

Según la evidencia acumulada, Banadex servía como una alcahueta comercial y militar para los paramilitares. Y desde su oficina fue enviada la carta de protesta al reportaje en Cienaga de este reportero por el entonces y también actual presidente nacional del sindicato bananero Sintrainagro, Guillermo Rivera.

Homenaje al “Carnicero de Urabá”

El señor Rivera se ha hecho conocido en el mundo sindical colombiano por haber entregado un saludo de solidaridad y homenaje al general Rito Alejo del Río. Éste fue comandante de la Brigada 17 del Ejército en Carepa pero destituido en su cargo a final de la década 90. Fue acusado por haber sido el Padrino de la creación de grupos paramilitares en Urabá, confirmado por los mismos jefes paramilitares. En el homenaje, celebrado el 29 de abril de 1999, en el Hotel Tequendama, propiedad del ejército colombiano en Bogota, estuve presente Álvaro Uribe y los más destacados políticos de la extrema derecha colombiana [3].

La acusación de creación de grupos paramilitares en Urabá la hizo también el coronel Alfonso Velazquez, subcomandante de la Brigada 17 en Carepa, que el 31 de mayo de 1996 en carta escrita al alto mando del Ejército denunció la siniestra alianza de Del Río con los paramilitares. La denuncia la recibieron los Generales Bonnet y Harold Bedoya, quienes enviaron al General Adrada a investigar los graves hechos denunciados. Este concluyó que debía destituirse al denunciante, no al denunciado, y así se hizo.

Por su parte Uribe, como Gobernador de Antioquia, a finales del 96 condecoró a del Río, otorgándole el título de ‘el pacificador de Urabá’, mientras el movimiento popular y los organismos de derechos humanos le tildaron el nombre “el Carnicero de Urabá”. [http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/alejo.html].

Rivera ha sido también candidato al congreso nacional. Escribe Álvaro Delgado, investigador del CINEP (Centro de Investigación y Educación Pular) y columnista de Actualidad Colombiana:

“En las elecciones para Congreso de marzo pasado [2006], el actual presidente de la organización, Guillermo Rivera, ex directivo nacional de la CUT y ahora declarado uribista, fue candidato a la Cámara por Convergencia Ciudadana, de Luis Alberto Gil, jefe de una red mafiosa que trafica con dineros públicos y votos a través de varias ONG, ARS y EPS y que está bajo investigación judicial. Convergencia es el grupo que fue expulsado del Partido de la U y rechazado por Cambio Radical, ambos reconocidas agrupaciones del Presidente”. [4]:

“No realizar campañas internacionales”

Según una fuente, que mantengo en reserva por su seguridad, el reportaje sobre la lucha del sindicato de los obreros bananeros en Ciénaga salió en momentos cuando se negociaba entre COLSIBA (Sindicatos Bananeros Latinoamericanos y Caribeños, entre ellos Sintrainagro), la UITA (Unión Internacional de los Trabajadores de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) y Chiquita un “Acuerdo entre La UITA/Colsiba (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros) y Chiquita Sobre Libertad Sindical, las Normas Laborales Mínimas y el Empleo en las operaciones Bananeras en America latina”.

Cuando el reportaje sale a la luz publica en un semanario sindical internacional, surge una situación muy tensa y personas influyentes de la Chiquita quiere retirarse de las negociaciones, porque entre las tres partes había un acuerdo que decía:

“No realizar acciones tales como campañas públicas internacionales o represalias anti-sindicales que puedan socavar el proceso contenido en este Acuerdo” [5].

No sé si eso puede ser uno de los motivos por que llegó la carta de protesta al LO-Tidningen de Guillermo Rivera y Sintrainagro para desprestigiar mi trabajo y para mostrar ante la Chiquita que Sintrainagro y UITA negociaban en serio.

En todo caso hay todavía una pregunta clave que el jefe paramilitar Carlos Tijeras, confeso asesino de José Güette, no ha respondido, y es; ¿Quién fue el autor intelectual del asesinato de Güette? ¿Quién lo solicitó? Tijeras solo ha dicho en su confesión ante la fiscalía colombiana y las autoridades estadounidenses que el creía que Güette era de las FARC, muy poca sustancia para quitar la vida de un ser humano, aún siendo paramilitar el asesino.

La respuesta a esta pregunta podría aclarar mucho sobre las relaciones entre todos los implicados en la guerra sucia y la corrupción en Colombia.

NOTAS:
[1] La carta de protesta de Guillermo Rivera al semanario de la central obrera sueca el 7 de febrero de 2001.
http://dickema24.blogspot.com/2010/01/la-carta-de-protesta-de-guillermo.html

[2] Banana ‘para-republic’, Revista Semana, 17 de marzo de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101602

[3] El General ® Rito Alejo Del Río: baluarte del paramilitarismo bajo el blindaje de la impunidad
http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda15.pdf

[4] ¿Sindicatos de paramilitares?
http://movimiento13deabril.blogcindario.com/2006/06/00364-sindicatos-de-paramilitares.html

[5] “Acuerdo entre La UITA/Colsiba (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros) y Chiquita Sobre Libertad Sindical, las Normas Laborales Mínimas y el Empleo en las operaciones Bananeras en America latina”.
http://www.iufdocuments.org/www/documents/Chiquita-es.pdf

Colombia: La fusión entre Sintagro y Sintrabanano y la “entrega” de EPL a sus antiguos enemigos

Por Dick Emanuelsson

El proletariado del banano colombiano, dirigido por el Partido Comunista Colombiano (PCC), la Unión Patriótica y el Frente Popular, frente de masa de la guerrilla maoísta de EPL, adelantaron sus posiciones en Urabá a final de la década de -80 y resistían a los generales y los dueños de las bananeras que incluso querían carnetizar los habitantes para así tener un control total de la región que posee de grandes recursos naturales.

En las primeras elecciones para alcaldes y gobernadores de 1988, una reforma que fue el resultado del acuerdo de “Cese de Fuego de la Uribe” de mayo de 1984, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno conservador Belisario Betancourt, la izquierda urabaense tuvo grandes éxitos y fue la primera fuerza política en esa parte geoestratégica parte de Colombia. Es una zona y cercanía a la cintura de America Latina, el Darién, indispensable para el Departamento de Estado y el Pentágono y los macroproyectos que tienen los Estados Unidos.



EN 1990 Y 1991 COMENZARON las desmovilizaciones de las guerrillas del M-19, EPL, Quintín Lame y PRT. En Urabá una minoría del EPL se sostenía en armas mientras la mayoría fundaron el partido Esperanza Paz y Libertad que se alió con los viejos bipartidistas, principalmente a los liberales que eran los caciques políticos tradicionales en Urabá antes de la reforma de elecciones libres y populares a las alcaldías en Colombia.

A pesar de eso, la Unión Patriótica y el PCC mantuvieron solos, sin el Frente Popular, las alcaldías en siete de los once municipios en el eje bananero de Urabá en las elecciones municipales y regionales el 1992.

Con el resultado electoral favorable de la UP/PCC se intensificó la guerra sucia con masacres semanalmente en las fincas bananeras y en el campo de Urabá. En Urabá reinaba el terror y muchos de los dirigentes bananeros y dirigentes populares de la Unión Patriótica o el Partido Comunista Colombiano en Urabá fueron asesinados sucesivamente durante los años 1993-1998. Solo el PCC tuvo que enterrar más de mil (1000) de los mejores cuadros en una región con entonces 256.000 habitantes. Cuando los paramilitares o el ejercito lograron de asesinar o erradicar físicamente a los dirigentes de la izquierda auténtica de Urabá, fueron encarcelados por el estado como el caso de los tres alcaldes en Apartadó, Turbo y Chigorodó, los tres municipios más importantes en Urabá, sentenciados a 50 años de cárcel pero absueltos después de 4-6 años por que eran victimas de montajes estatales. Decenas de concejales y diputados a la Gobernación de la UP y PCC fueron masacrados igual como lideres sindicales.



¿POR QUÉ FUERON EXTERMINADOS? Sencillamente por que la mayoría de la guerrilla maoísta del EPL que se desmovilizó el 1991 se alió con Fidel y Carlos Castaño de las AUC y con el ejército nacional de la 17ª Brigada con sede en Carepa. Comenzó la cruzada sangrienta en Urabá para romper el control político de la izquierda y un sindicato clasista como lo era Sintrainagro.

Los antiguos aliados políticos y sindicales en las fincas bananeras, el Frente Popular, fachada civil de masas del EPL, se volteó y se unió con los asesinos de las AUC y el ejército. Los ex–EPL y su partido; Esperanza Paz y Libertad crearon un grupo paramilitar, Los Comandos Populares y participó en la guerra sucia al lado el paramilitarismo o como “sapos” para el ejército y las AUC.



LA PEOR Y LA MÁS SANGRIENTA ÉPOCA de Urabá coincidió con el periodo de Álvaro Uribe como gobernador en el departamento de Antioquia (2 de enero 1995-1997) en donde se encuentra la región de Urabá. Legalizó el paramilitarismo en los grupos llamados CONVIVIR que posteriormente fueron disueltos por el gobierno nacional por ser considerados justamente como paramilitares legales.

Varios de los ex guerrilleros, milicianos o ex Frente Popular volvieron, como el caso de Carlos Franco y José Obdulio Gaviria, a asesores políticos al vicepresidente Francisco Santos y Álvaro Uribe respectivamente con posiciones de extrema derecha.

Alrededor de ellos han congregado un pequeño grupo de sindicatos seccionales en Medellín que son sacados por Uribe como idiotas útiles cuando éste tiene una visita de congresistas estadounidenses o delegaciones sindicales en donde los “amarillos” se declaran a favor al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., contraria la posición de las centrales obreras o sostiene que en Colombia casi no se mata hoy sindicalistas gracias de la política de “seguridad democrática”.

Así se ha cerrado el círculo en donde estos ex maoístas, muchas veces con posiciones sectarias y de extrema izquierda, han regresado a la casa patronal.

La carta de protesta de Guillermo Rivera al semanario de la central obrera sueca


Medellín 7 de febrero de 2001

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA "SlNTRAINAGRO'"

Denuncia ante la opinión publica y el movimiento sindical nacional e internacional la actitud irresponsable del señor DICK EMANUELSSON del diario SWEDISH NEWSPAPER LO de Suecia, donde viene haciendo unos comentarios y señalamientos a la producción bananera de Colombia sin haber hecho una investigación de todas las áreas en producción de banano, afectando de esta manera la comercialización de de banano colombiano, en Europa y E.E.U.U. cuando ésta es una de las fuentes de empleo mas fuerte en el sector de la agricultura que tenemos en Colombia.

Como organización sindical que representamos los trabajadores y trabajadoras bananeras hemos denunciado a nivel naciona1 e internaciona1 la violación de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores(as) y hemos solicitado la solidaridad internacional u a organizaciones que lo hagan con transparencia y responsabilidad, pero no aceptamos la intervención de personajes, que 1o que quieren es generar mas conflictos en Colombia, concretamente a la exportación del banano colombiano. En un gran porcentaje de las empresas bananeras tenemos los trabajadores organizados con convenios colectivos que benefician a los mismos.

No desconocemos las grandes dificultades en materia de violación de los derechos laborales de los trabajadores que ha tenido Chiquita como comercializadora transnacional en años anteriores cuando no existían sindicatos en las zonas bananeras, pero las medidas asumidas por la organización sindica1 ha conllevado a que esta comercializadora sea una de 1as más comprometida a cumplir con los convenios colectivos y los derechos laborales en las empresas donde trabajadores son afiliados de nuestra organización, por lo anterior no aceptamos que sin coordinar con nuestra organización sindica1 en Colombia en una forma colectiva se este hablando a nombre de la organización y haciendo señalamientos directos, en casos como la muerte del compañero JOSÉ LUÍS GUETTE, dirigente sindical en Cienaga Magdalena, que solo le compete a la organización sindical y a la justicia colombiana.

Cualquier información estamos dispuesta a entregársela en los teléfonos 251 44 40, 251-38-O3

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

GUILLERMO RIVERA Z.
Presidente
EUCLIDES GÓMEZ
Secretario Nacional

martes, 26 de enero de 2010

Así fue el ‘servicio paramilitar integral’ para Dole y Chiquita












“Me han dicho que Chiquita ha aseverado que le dio fondos a las AUC, pero lo que hizo fue bajo coerción y como una forma de extorsión. También he oído que Dole sostiene que nunca entregó fondos. Las dos aseveraciones son absolutamente falsas. De hecho, mi acuerdo con Chiquita y Dole fue para prestarles seguridad total y otros servicios”.
Carlos Tijeras, jefe paramilitar en la zona bananera de Ciénaga



El periodista sueco Dick Emanuelsson, quien ha vivido en Colombia y ha cubierto el tema colombiano durante 30 años con varios extensos reportajes en las zonas bananeras de Urabá y Ciénaga, analiza en este artículo especial para ARGENPRESS las confesiones juradas del jefe paramilitar Carlos Tijeras que da otra visión diferente de la defensa de Chiquita que en 2004 admitió haber pagado al paramilitarismo 1,7 millones de dólares como extorsión o por proteger sus empleados. Tijeras relata que los paramilitares daban todo un paquete de “seguridad” a Chiquita y Dole. El paramilitarismo fue una Aseguradora armada en laz zonas bananeras que incluso sentenciaba y cumplía las sentencias que en el caso del “juez” Carlos Tijeras significaba la orden de matar a 500 civiles, entre ellos el presidente sindical de los obreros bananeros, José Güette, quien los últimos días de noviembre de 2000 guió a Emanuelsson en las fincas bananeras de Chiquita y otras empresas bananeras en la región bananera de Ciénaga.

Por Dick Emanuelsson *

En una confesión franca y abierta, el ex jefe paramilitar “Carlos Tijeras” afirma que el trato con la Aseguradora Armada paramilitar que Dole y Chiquita contrataban en Colombia para solucionar “problemas” era equivalente, en muchos casos, a la muerte para la persona “identificada” como “guerrillero” o “miliciano”.

Sostiene que Chiquita no dice la verdad cuando afirma que fue victima de extorsión. El sindicato bananero Sintrainagro en la región Ciénaga, cobraba diez por ciento de la cuota sindical de los miembros, que fue destinado a los paramilitares. Estos colocaban o comprobaban los dirigentes sindicales en sus puestos y así controlaba el sindicato. “Yo era el gobernante de hecho del área”, proclama el ex jefe paramilitar.

Según sus declaraciones las empresas transnacionales Dole y Chiquita no solamente pagaban a los paramilitares tres centavos por cada caja de banano exportada desde Colombia, sino que los llamaban para “solucionar problemas” en las plantaciones del banano, equivalente de “neutralizar” el problema.

“Yo, José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijera”, identificado con cédula de ciudadanía 4.020.271, declaro bajo la gravedad del juramento ante las leyes de los Estados Unidos de America, los estados de California y Florida y el Distrito de Columbia que: . . . “ [1]Así comienzan 17 páginas de confesión de ‘Carlos Tijeras’, su nombre paramilitar, juradas ante la fiscalía colombiana y que serán utilizadas por las autoridades judiciales de Estados Unidos en los eventuales procesos contra Dole y Chiquita.

Tijeras fue jefe del Frente William Rivas de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, el cual operaba principalmente en la zona bananera de la región Cienaga, lugar caliente de donde Gabriel García Márquez tomó sus impresiones para escribir su clásico libro “Cien años de Soledad”.

Cuando este reportero llegó por primera vez en 1991 a la “Zona” parecía que el tiempo había quedado congelado desde los primeros días en diciembre de 1928 cuando el ejército abrió fuego contra las familias obreras. Ellas, con la Biblia levantada hacia el cielo, sólo pedían mejores condiciones de vida y de trabajo en las fincas bananeras de United Fruit Co, hoy llamada Chiquita. Pero la respuesta fue mortal y brutal con el saldo de aproximadamente 3.000 personas asesinadas, entre mujeres, hombres y niños. El silencio reinaba en las plantaciones.

Ese silencio duró hasta 1988 cuando los obreros bananeros en Ciénaga hicieron el primer intento para organizar un sindicato seccional de Sintrainagro, la federación que era el resultado de la fusión entre Sintagro y Sintrabanano, principalmente en la otra región bananera en Colombia, Urabá *. Pero el intento terminó con el asesinato del presidente seccional, Emiliano Cayetano y cuatro de los integrantes en la primera directiva en Cienaga.

Pero en 1991 cuando llegué ya se había reorganizado el sindicato y contaba con más de 1.500 afiliados, liderado por Reynaldo Maiguel, un flaco, alto, mestizo que en una noche en febrero de 1994 despertó cuando los paramilitares tumbaban la puerta en un barrio proletario de Ciénaga y ante su mujer y dos pequeñas hijas fue asesinado con doce tiros en su cuerpo.

Lo mismo pasó en 1996, cuando el sindicato había tomado más fuerza y registraba más de 2.500 miembros. Humberto Robledo, quien me guiaba por las bananeras de Ciénaga, temía por su vida y poco después de mi reportaje desapareció de la región. Hasta la fecha no tengo claro si fue asesinado, desaparecido o desplazado a las grandes ciudades en Colombia, como miles de habitantes de la región.

Cuando llegué por tercera vez a Ciénaga a final de noviembre del 2000, la situación estaba más que tensa.

“Compañeros, ¡mucho cuidado por que los ‘paracos’ les están esperando en la carretera, toma el otro camino!” decía un señor en una bicicleta que nos advirtieron sobre el inminente riesgo. Los rostros de José y Robinson, dos morenos típicos de la costa, quedaron congelados a pesar del calor de 40 grados en la sombra. El chofer que habíamos contratado quedó más preocupado, pero aceptó dirigir el carro en la dirección contraria a la de los paramilitares que nos estaban esperando con su emboscada.

José Güette, padre de siete hijos, era el presidente seccional de Sintrainagro y el sindicato se había reducido con mil miembros desde 1996. Robinson Olivero era el fiscal.

“Los paramilitares han ocupado la zona en alianza con las Fuerzas Militares (FF.MM.) y nos tienen en la mira”, fue un comentario, de José Güette, fuera del protocolo que nunca cité en el extenso reportaje que salió el 12 de enero en el semanario LO-Tidningen. Es el órgano de la central obrera sueca con un tiraje de casi cien mil ejemplares por semana. Güette sabía que declaraciones duras en aquel momento eran peligrosas. A pesar de que sus comentarios en el reportaje fueron suaves, doce días después de que el reportaje había sido publicado, recibí en mi oficina de Bogotá la noticia que José Güette había sido asesinado.

Lo que no sabía yo es que nueve años después, el 29 de Octubre de 2009, el jefe paramilitar Carlos Tijeras iba a poner sus sangrientas cartas en la mesa, confesando que fue él que dio la orden de asesinar a José Güette esa tarde el 24 de enero de 2001.

La ‘pacificación’ y la erradicación del sindicalismo

Dice el jefe paramilitar:

“También ayudamos a Chiquita y Dole a pacificar el sindicato que representaba a los trabajadores bananeros de la región. Cuando yo asumí el Comando del Frente William Rivas, el sindicato que representaba los trabajadores bananeros era Sintrainagro. Se trataba de un sindicato de izquierda y muy agresivo. Creo que eran simpatizantes de las FARC. Yo ordené la ejecución del presidente izquierdista de Sintrainagro, José Güette Montero”.

Así no más, franco y al grano. Carlos Tijeras no solamente es el autor intelectual y material del asesinato de Güette, él ordenó la muerte de más de 500 civiles en la zona bajo su mando, tildándolos de guerrilleros, milicianos o simplemente simpatizantes a la guerrilla.

Para entender cómo interpretan las AUC la izquierda y movimientos sociales en general, vale la pena regresar a la 1ª Cumbre fundacional de las AUC en noviembre de 1994, en donde un centenar de grupos paramilitares dispersos por todo el territorio nacional se reunieron y se fusionaron en las AUC. En su documento político consideraban que los sindicalistas representaban la “extrema izquierda”. Y así el documento puntualizó quienes eran y serían sus enemigos:

“Por consenso general se aprueba seguir considerando como blancos militares a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda” [2].

¿Y los paramilitares, donde tenían su base ideológica y a quienes servían?

Las AUC se fundaron con el propósito de matar por el status quo político, es decir, preservar lo establecido en la sociedad desde el punto de vista económico y político, y defender al estado. Por eso no pueden ser considerados como “rebeldes” o actores que se han levantado en armas contra el Estado. En el documento del 1994 se estableció la organización naciente paramilitar en tres estructuras:

• GRAU, Grupo de Autodefensa Urbano
• GRIN, Grupo de Inteligencia
• GRAP, Grupo de Apoyo Político, cuya misión, entre otras cosas, será la de promover eventos públicos de derecha y en contra la subversión (Pág. 55).
Eso explica como los 60-70 congresistas actualmente encarcelados en Colombia por formar parte de la ‘para-política’ han utilizado el paramilitarismo para ocupar curules en el congreso u otras instancias públicas.

Sindicato bajo control paramilitar

Dice Tijeras en su declaración, “El 24 de enero de 2001, en Ciénaga, cerca del supermercado Olímpica, entre las calles 17 y 18, le disparamos a José Güette Montero y lo matamos. Entonces yo instalé Robinson Olivero como Presidente del sindicato y hasta el día de hoy los líderes de Sintrainagro son personas aprobadas por las AUC. Una vez que pusimos nuestra gente a cargo de Sintrainagro, el sindicato me pagaba 10% de las cuotas sindicales que SINTRAINAGRO cobraba mensualmente. Este sindicato representaba a los trabajadores de las plantaciones de ambas empresas, Dole y Chiquita.”

El ex soldado del ejército colombiano, que incluso fue seleccionado como el mejor del Batallón de Infantería Mecanizado No 5 “Córdoba” en Santa Marta, fue enviado a la Península de Sinaí donde formó parte del contingente colombiano de las Fuerzas de Paz (Cascos Azules), pero su trayectoria no es nada pacífico ni de solución de conflictos. En 1999, llegó al Magdalena y a Ciénaga y reemplazó un jefe paramilitar dado de baja dirigiendo una guerra sucia y bestial que durante dos décadas ha causado tragedias en las familias más pobres de la zona bananera, dejando miles de niños y jóvenes como huérfanos, como, por ejemplo, los nueve niños de Carmen Elena Riobo, que quedó viuda cuando los matones paramilitares asesinaron a su esposo Audén una mañana de 1996 en el pequeño corregimiento Santa Rosalía en las faldas de Sierra Nevada. Los compañeros del sindicato recaudaban mensualmente una suma para que los nueve hijos de Audén y otros huérfanos de la región no murieran de hambre. Pero era una tarea descomunal porque, según las propias palabras del líder paramilitar; “Yo mismo, dentro del proceso de Justicia y Paz, he confesado más de 500 asesinatos. Esta es una relación parcial, pues mi versión libre aun no ha terminado. Falta aún verificar otros hechos”.

Un paquete paramilitar de seguro integral

El área en el que Carlos Tijeras ejercía su régimen de horror eran los municipios de Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación; en el norte del departamento Magdalena. Y el poder de las AUC era total, admite Tijera:

“Cualquier compañía que tuviese negocio con los dueños y productores de banano, llámese Chiquita Brands o Dole Food o cualquier otro nombre, coordinaba sus operaciones con el Frente William Rivas, que era que tenía control completo en la zona”.

Las transnacionales bananeras de Dole y Chiquita tenían íntimas relaciones con los escuadrones de la muerte más sangrientas que ha tenido Colombia en toda su historia, y aprovechando el control total de los paramilitares en la zona acordaron de un paquete integral de seguridad, como si las AUC fueran una aseguradora armada.

“Había una relación abierta y pública de las autodefensas (léase AUC) con los capataces de las fincas, sean Dole o Chiquita”, aclara Tijeras.

En la confesión escrita por Carlos Tijeras, éste menciona personas y rutas y cómo las bananeras pagaban a los jefes paramilitares la cuota de tres centavos por cada caja de banano que salía por el puerto de Santa Marta.

“Los pagos que nos realizaba Chiquita Brands, enviados a través de la empresa de seguridad, eran la contraprestación por los servicios de seguridad y cooperación que les prestábamos, no una extorsión forzada”.

Este último dato es importante ya que Chiquita, ante los fiscales y jueces en Estados, ha sostenido que fue extorsionada por los paramilitares y querían proteger sus trabajadores. Sin embargo cuenta Tijeras que:

“Nosotros vigilábamos las plantaciones y los camiones que llevaban la fruta hasta el puerto para que no fueran atacados por la guerrilla o saqueados y robados por delincuentes comunes, protegíamos a sus directivos, bienes y empleados y estábamos muy pendientes para que los trabajadores y sindicatos colaboraran con la empresa y no hicieran reclamaciones laborales injustas o exageradas o se dejaran a convencer por la subversión para promover paros y huelgas bananeros. Los pagos se realizaban en bloque porque eran liquidados luego de realizar la exportación de la fruta, a razón de tres centavos de dólar por caja exportada”, escribe Tijeras.

Dole y Chiquita principales financiadores a las AUC

“Los ingresos que obtenía el Frente William Rivas de Chiquita y Dole eran esenciales para nuestra operación. En un mes normal, 80% ó 90% de los ingresos del Frente William Rivas provenían de las compañías bananeras. El Frente William Rivas tenía un ingreso de 100 millones de pesos al mes (aproximadamente 51.000 US-dólar, nota del redactor). Los comerciantes aportaban un 10% o un 20%, el resto provenía de las bananeras, por que nosotros no trabajábamos con el narcotráfico”.

Subraya el jefe paramilitar que “los servicios que les prestábamos a Chiquita eran los mismos que prestábamos a Dole y a todas las comercializadoras bananeras que tenían plantaciones y operaciones en el territorio del Frente William Rivas” (….) Desde las bases y los subcomandos y retenes móviles, les garantizamos condiciones de seguridad”.

¿Pero como era posible que las AUC montaran retenes de 24 horas día tras día en las principales carreteras de la zona bananera sin que el ejército hiciera algo? Tijeras explica la relación con el ejército colombiano:

“El Frente William Rivas también colaboró abiertamente con las fuerzas armadas de Colombia. Teníamos bases y retenes de seguridad en las vías públicas, y el ejército pasaba por estos retenes. El principal batallón de mi área era el Batallón de Infantería Mecanizado No 5 ‘Córdoba’, y con ellos coordinábamos, compartíamos información. Nuestra actividad se coordinaba con las Fuerzas Militares”.

Las aseveraciones de Dole y Chiquita “son falsas”

Chiquita admitió en 2004 haber pagado a las AUC 1,7 millones de dólares mientras Dole ha insistido en su posición que no ha sabido ni ha pagado un centavo a las AUC durante años de operaciones por parte de la empresa transnacional estadounidense. Carlos Tijeras sostiene lo contrario:

“Esto es desafortunado porque no es verdad. (….) Establecí un arreglo con las plantaciones de Dole de mi área, según el cual me pagarían 70.000 pesos por hectárea, por año. Ese arreglo se hizo, directamente, con los administradores de las plantaciones. Los pagos de Dole me fueron recogidos por ‘Poncho’. Nico era el encargado de tener relaciones directas con los administradores y capataces de las fincas, porque era el comandante de las compañías móviles del Frente William Rivas que operaban y cuidaban los municipios de de la zona bananera del Magdalena”.

¿Y el Dole? ¿Será que Dole puede seguir negando todo tipo de vínculos con las AUC cuando miles de habitantes de la zona eran testigos de las íntimas relaciones entre los paramilitares y todas las empresas que operaban en la zona bajo control paramilitar?

“Me han dicho que Chiquita ha aseverado que le dio fondos a las AUC, pero lo que hizo fue bajo coerción y como una forma de extorsión. También he oído que Dole sostiene que nunca entregó fondos. Las dos aseveraciones son absolutamente falsas. De hecho, mi acuerdo con Chiquita y Dole fue para prestarles seguridad total y otros servicios”.

Identificar para matar “el problema”

“A mis hombres los buscaban regularmente los administradores de Chiquita y Dole para que les ayudaran frente a una acción criminal o para que les arreglaran otros problemas. También nos llamaban desde las plantaciones de Chiquita y Dole para identificar a personas especificas como ‘problemas de seguridad’ o simplemente de ‘problemas’. Todo el mundo sabía que esto significaba que teníamos que ejecutar a la persona identificada. En la mayoría de los casos los que cayeron eran líderes o miembros de los sindicatos o personas que buscaban apropiarse o reclamar terrenos que Dole o Chiquita querían para cultivar el banano, y los administradores de Dole o Chiquita les decían a las AUC que estos individuos eran sospechosos de ser guerrilleros o criminales.”

Como ejemplo de esos asesinatos pedidos por los representantes de la empresa estadounidense Dole, Carlos Tijeras enumera doce casos de “muchísimos ejemplos”, como dice, de servicios específicos que las AUC provenían a las compañías.

“Enumero algunos de los más representativos en los cuales unidades bajo mi mando dieron de baja a personas con base en las informaciones, solicitudes y peticiones de los gerentes, administradores, supervisores o capataces de Dole. (…) De igual manera, gran parte de las ejecuciones que llevamos a cabo pueden vincularse o a Dole o Chiquita o a las dos empresas”.

Los casos de asesinatos mencionados por Tijeras se extienden entre 2001 hasta 2005. Jorge Alberto, Miguel Ángel y Gustavo Enrique Téren Pérez fueron asesinados el 7 de septiembre de 2001 en la Hacienda “La Francisca” en la zona bananera. “Fueron señalados por Dole de ser milicianos de la guerrilla”, escribe Tijera y ese señalamiento de Dole era suficiente para Tijera para tomar una decisión tan fatal como quitar la vida de tres personas.

Refuerza sus relatos hacia Dole y Chiquita, agregando que “en cuanto a Dole le prestábamos seguridad armada desde las plantaciones hasta las bodegas de Dole en Río Frío. Cuando era el momento de embarcar, le prestábamos la seguridad para llevar el banano hasta el puerto. Lo mismo hacíamos con Chiquita. Nosotros les cuidábamos las plantaciones, estábamos pendientes que no les robaran la fruta o maquinaría. Atendíamos sus solicitudes de ayuda (cursivo del citado). Obviamente, todo esto requería coordinación y cooperación entre Chiquita, Dole y el Frente William Rivas”.

“¡Yo era el gobernante!”

El relato de Carlos Tijeras en estas 17 páginas es impactante y sin vacilar entrega sus cartas en la mesa, descubriendo la maquinaría de muerte que eran y son los paramilitares colombianos. Sus capos con manos manchadas de sangre colombiana confiesan, que ellos mataban de la forma más bestial a los que consideraban a sus enemigos, que es el movimiento popular; sindicatos, partidos o movimientos de izquierda, es decir; el pueblo organizado, tildándole de ser parte de una u otra forma de la guerrilla, que sí tenía mucha gente que colaboraba con la insurgencia guerrillera.

Esa autodefensa para la oligarquía colombiana en muchas regiones fue convertida en el verdadero poder. Hay muchos reportajes en la prensa, como la Revista Semana, Cambio y El Tiempo, en donde latifundistas, terratenientes o políticos locales han dado testimonios de que el paramilitarismo y una corriente de la oligarquía colombiana se hicieron dueños de la tierra y poder político-económico en la región. El caso expuesto de Carlos Tijeras es ilustrativo en ese sentido:

“Durante el tiempo en que fui comandante del Frente William Rivas, operé a plena luz del día y tenía mi base principal en el Municipio de Zona Bananera (casco urbano del municipio de Ciénaga). Yo era el gobernante de hecho del área, ya que las autoridades civiles habían sido incapaces de sacar a las FARC del área. Durante el tiempo en que ostenté ese papel de gobernante de hecho, actué en total y abierta cooperación con las autoridades civiles legales. Me reunía con los alcaldes locales, tales como Marcelino Daza, Jesús Avendaño, Fulgencio Olarte de Zona Bananera, y coordinábamos nuestros esfuerzos. Yo me consideraba un socio de las autoridades civiles de Colombia, y nuestra misión conjunta era de derrotar a las FARC, mantener a la población local bajo control para que no apoyaran a las FARC, y ejercer el mando en el área. Yo asumí muchas responsabilidades como gobernante. . . “.

“Estábamos defendiendo al Estado”

En esas tareas de gobernante armado no faltaba la colaboración con los militares.

“El Ejército Colombiano y las AUC tenían un enemigo común, la guerrilla, y no debíamos enfrentarnos. Era la principal forma de colaboración; no enfrentarnos, hostigarnos, ni dispararnos entre nosotros, que estábamos defendiendo al Estado. Les avisábamos sobre la presencia de guerrilleros, cuando la guerrilla les atacaba, nosotros atacábamos a la guerrilla por la retaguardia para aliviarlos la presión y permitir que el ejército se defendiera. Procuramos siempre evitar enfrentarnos con el ejército y las Fuerzas Armadas”.

La confesión de este líder paramilitar es basada, como dice, en el hecho de que fue uno de miles de participantes en lo que él considera como la guerra “por la futura dirección de mi país. Estábamos al lado de la democracia y el capitalismo y combatíamos a los comunistas y guerrilleros. Esperaba que mi país agradeciera mis servicios, y de hecho los líderes políticos manifestaron claramente su apoyo por lo que yo hacía. Sin embargo, los vientos de la política cambiaron y ahora los políticos que fueron nuestros aliados nos repudian. Esto me deja apenas con la verdad de lo que hice, el porqué lo hice, y debo asumir las consecuencias”, termina Carlos Tijeras las declaraciones de sus 17 de páginas de confesión que dice, “van en contra mis intereses personales”. Está conciente este jefe paramilitar, que ha retado sectores sumamente poderosos y que lo confesado puede convertirse en penas de prisión muy largas.

“Además, no cabe duda que con esta Declaración me estoy poniendo a un mayor riesgo al vincular gente muy poderosa con estos delitos, los cuales, sin la menor sombra de duda, van a tratar de silenciarme o matarme. Sin embargo, espero quedarme en la cárcel durante el tiempo de mi condena y mi deber religioso y moral es confesar todo lo que hecho”.


Las preguntas que quedan en el aire

¿Y quienes son la “gente muy poderosa” que podría intentar de matar o silenciar a Carlos Tijeras?

¿Quiénes han sido expuestos en las 17 de páginas de Carlos Tijeras?

¿Quiénes han negado el hecho de la contratación de la Aseguradora Armada en la zona Bananera?

¿Quiénes atacaron en una carta enviada el 7 de febrero de 2001 el reportaje publicado en el LO-Tidningen (semanario de la central obrera sueca el 12 de enero de 2001) y en donde acusa a este reportero por crear desempleo entre los obreros bananeros y por crear conflictos entre trabajadores y Chiquita?

¿Quiénes han negado los vínculos entre el paramilitarismo y el general (r) Rito Alejo del Río, haciendo homenaje a este general por Uribe llamado “El Pacificador de Urabá?”

¿Quiénes han intentado absolver el ejército por su masacre en San José de Apartadó el 21 de febrero de 2005 para acomodarse en la silla de poder en una sede sindical atacando, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, que “señalaba al Ejército como autor de la masacre de 8 personas de la comunidad de San José de Apartadó, entre ellos tres niños. Consideramos que con declaraciones tan irresponsables como estas, no se contribuye a la aclaración de los hechos ni ha lograr la consolidación de una paz duradera en la región de Urabá” [3].

Más temprano que tarde la verdad siempre le alcanza a uno. Y Carlos Tijeras ha pisado en muchos dedos delicados y, como él mismo teme, seguramente lo van a silenciar.

* Ha cubierto Latinoamérica durante treinta años para la prensa sueca. De esos años vivía 1999-2005 en Colombia pero tuvo que dejar el país por las constantes amenazas de muerte por su trabajo periodístico. Vive y trabaja desde 2006 en Honduras y colabora con varios medios alternativos latinoamericanos, entre ellos Argenpress, Anncol, Radio Café Stereo, Noticolombiapress, entre varios.

Notas:
[1] “Yo, José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijera”, identificado con cédula de ciudadanía 4.020.271, declaro bajo la gravedad del juramento ante las leyes de los Estados Unidos de America, los estados de California y Florida y el Distrito de Columbia que: . . . “
Español: http://es.scribd.com/doc/155557984/Asi-fue-el-%E2%80%98servicio-paramilitar-integral%E2%80%99-para-Dole-y-Chiquita
Inglés: http://viewer.zoho.com/docs/rcddboi
[2] Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia, pag. 54-55
[3] Comunicado de Sintrainagro, sin fecha
http://www.rel-uita.org/campanias/sintrainagro-2005/notas/comunicado_sintrainagro.htm

viernes, 22 de mayo de 2009

Dole och Chiquita finansierade dödsskvadroner som brände hundratals människor i ugnar


SKAKANDE ERKÄNNANDEN I COLOMBIA MOT TRE USA-MULTISAR

TEGUCIGALPA / 090506 / USA-jätten Dole Food Co. betalade de colombianska paramilitärerna för att mörda fackliga ledare som representerade en ”fara” för bolagets affärer. De lokala företagsledarna ringde helt enkelt upp en befälhavare på mellannivå och försåg denne med namn och personbeskrivning på personen de önskade se mördad.

Dole, med säte i Westlake Village, Kalifornien, har alltid förnekat att företaget har finansierat grupper som AUC. Företaget uppgav först att det skulle kommentera anklagelserna i slutet av domstolsprocessen men sa senare till nyhetsbyrån AP, att det ”kategoriskt avvisar alla grundlösa anklagelser mot företaget om olagliga aktiviteter i Colombia” [1].

Dole har stämts av 51 anhöriga till några av de hundratals bananarbetare och fackliga ledare som har mördats av paramilitärerna. De 51 målsägande har i USA fått rättsligt stöd av arbetsrättsadvokaten Terry Collingsworth som även processerar mot Doles konkurrent Chiquita. Det företaget har tidigare bekräftat de paramilitära ledarnas berättelser och erkände att det hade betalat 1,7 miljoner dollar till AUC för ”beskydd” 1997-2004. I en uppgörelse med USA:s Justitiedepartement ska Chiquita betala 25 miljoner dollar i böter till den amerikanska staten men inget till de anhöriga till offren i Colombia. Collingsworth uppger att Dole har betalat så mycket som tio miljoner dollar under en tioårsperiod till dödsskvadronerna.

Slå sönder facket

AUC inledde 2002 en process med regeringen Alvaro Uribe som innebar att de cirka 30.000 beväpnade paramilitärerna skulle demobiliseras innan 2005 års utgång. Men tolv av de 13 ledarna i AUC avvisades till USA 2008 efter anklagelser om att de fortsatte sin knarkhandel från fängelset i Colombia. Det är omvittnat att AUC har bytt skepnad och namn och nu kallar sig ”Aguilas Negras”, de Svarta Örnarna och fortsätter terrorn mot den politiska och legala oppositionen, till exempel facket. Närmare tre tusen människor har mördats sedan 2002 av paramilitärer från AUC. Därför vädjar Collingsworth till domstolen att de 51 målsäganden får anonymitet när de ska vittna under rättegången för att undvika att möta samma öde som sina mördade anhöriga.

Domstolsprocessen mot Dole ska äga rum i Los Angeles, Kalifornien och strävar till att fastslå att Dole agerade med avsikt att slå sönder den fackliga organisationen rent fysiskt genom att likvidera dessa ledare och medlemmar, menar Terry Collingsworth. Han säger att Dole genomförde regelbundna betalningar till AUC mellan 1997-2007, inklusive mindre betalningar redan 1994. AUC tog på sig uppgiften att ”hålla Doles bananplantager ’rena’ från fackföreningar genom att mörda fackliga ledare och använda terror för att försvåra fackföreningarnas rekrytering av nya medlemmar”.

Dole betalade 30 dollar per hektar

Det är fyra av de högsta ledarna inom det fruktade AUC som i den pågående demobiliseringsprocessen i Colombia har lagt papperna på bordet. Salvatore Mancuso, AUC:s högste befälhavare uppgav att ”alla bananbolag betalade till oss”. Men Collingsworths nyckelvittne är den paramilitäre ledaren José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”. Han har erkänt att han är ansvarig för hälften av alla mord som de målsägande anklagar Dole och Chiquita vara de ”intellektuellt ansvariga” för. Han har också bekänt att han har utfärdat tusentals order om att mörda särskilt fackligt aktiva och påstådda sympatisörer till FARC-gerillan i bananregionerna i norra Colombia.

Dole förfogade över minst 3.400 hektar i länen Magdalena och Guajira i norra Colombia och Tijeras hävdar att hans Paramilitära Block varje år fick 30 dollar per hektar av Dole för sina tjänster.

Dödslista

– Tijeras har inte uppgett den totala summan dollar men försäkrar att Doles betalningar representerade 40 procent av kostnaderna för den operativa militära budgeten för hans paramilitära enhet, sa Collingsworth till AP. Han tillade att målsäganden ska bevisa att Doles företagsledning i Colombia inte var några ”oskyldiga lamm som pressades till utpressning” utan aktiva partner (till AUC) i en blodig konspiration för att reducera produktionskostnaderna.

”Doles platsledning visste mycket väl, att när de överlämnade namn till AUC visste de att AUC skulle avrätta dessa personer utan att utreda eller göra någon som helst annan undersökning”, skriver de målsägande i en del av stämningen mot Dole.

– När Dole ville att något skulle göras, ringde plantagechefen direkt till något av mellanbefälen (i AUC) och gav namnen eller en beskrivning av personen. Därefter tog AUC hand om saken, uppgav Tijeras i förundersökningen, och bekräftade anklagelserna från de målsäganden, enligt Collingsworth [2].

Chiquitadirektörerna som betalade AUC

Under två år vägrade Chiquita Brands att uppge vilka av företagets lokala direktörer som ansvarade för utbetalningen till de paramilitära dödsskvadronerna i Colombia. Chiquita erkände i mars 2007 att företaget hade utbetalt 1,7 miljoner dollar till de blodbesudlade mördarna i AUC som är ansvariga för tiotusentals mord på opposition och folkrörelse i Colombia, bland dem ett par tusen fackligt aktiva. I en uppgörelse med Justitiedepartementet, landets åklagare och en domstol kom parterna överens om att Chiquita skulle betala 25 miljoner dollar i böter till den amerikanska staten, men inte en dollar till offren för AUC.

Hemligheten med vem i Chiquita som hade gjort utbetalningarna bröts i slutet av april i år när företaget till domaren Kenneth Marra i en domstol i Florida överlämnade en slags intern egen utredning, 'Special Litigation Committe', som omfattar 269 sidor. Dessa beskriver hur Chiquita under två decennier gjorde utbetalningar till både gerillagruppen Farc som den högerextrema paramilitära gruppen AUC. Men det var knappast av oegennyttiga motiv som Chiquita lade fram sin egen utredning. USA-jätten kände pressad efter att ha stämts nio gånger av anhöriga till offren i bananregionen Urabá. Bedömare anser därför att utredningen tillkom som en juridisk strategi för att majoriteten av anklagelserna mot företaget ska ogillas av domstolen.

SLC-rapporten tog nio månader att skriva och baserades på 750.000 dokument och 50 intervjuer med vittnen och andra inblandade. Den upprepar i stort vad företagsledningen har sagt ända sedan det blev offentligt att det hade gjort stora utbetalningar till främst AUC. Vad som dock är tvivelaktigt är de inblandade direktörernas uttalanden om att de först 2003 blev medvetna om att USA-regeringen karaktäriserade AUC som en terroristorganisation, ett beslut den antog 12 september 2001. Få tror på den försäkran eftersom terroriststämpeln fick stor uppmärksamhet i Colombia när beslutet antogs av Bushregeringen.

Chiquitas betalningar till AUC fick också åklagarämbetet i Colombia att kräva namnen på de inblandade i Chiquitas företagsledning som var ansvariga för dessa utbetalningar. Men riksåklagaren har uttryckt frustration över avvisandet av denna lista som, enligt Colombias riksåklagare Mario Iguarán, skulle kunna utgöra grunden för en rättslig process i Colombia och utlämnande från USA av de nu offentliga direktörerna.

– Det är otroligt att de gjorde så mycket utan att någon kände till någonting, sa Steven Steingard, advokat som representerar anhöriga, till dagstidningen Cincinnati Bussinees Courrier, som var det första mediet som rapporterade om Chiquitarapporten [3].

Mancuso uppgav [4] under förhören i USA att Chiquitas vice styrelseordförande Charles Kaiser 1997 anlände till Colombia och där sammanträffade med Carlos Castaño i staden Medellín i stadsdelen El Poblado. Det är från det året som AUC började ta emot de regelbundna månatliga betalningarna från Chiquita som pågick till 2004.

Gruvjätte från USA anklagas

Mancuso vittnade också i förhören i USA, att han flera gånger hade sammanträffat med representanter för företagsledningen i det multinationella USA-bolaget Drummond Ltd i Colombia för att utverka ”säkerhetstjänster” till detta bolag.

– Att ge säkerhet till företaget Drummond i länet Cesar var en prioriterad uppgift som låg på (det paramilitära) Blocket som leddes av ”Jorge 40”. Vi krävde att fackets ledare rättade sig efter dessa riktlinjer, sa Mancuso i de öppna förhören i USA [3].

Drummond har tidigare anklagats av det colombianska gruvfacket Sintramienergetica, för att vara direkt ansvariga för morden på de tre högsta fackliga ledarna i kolgruvan La Mina de La Loma 2001. Men i en rättegång 2007 i USA frikändes Drummond för anklagelserna om morden på Valmore Locarno Rodriguez, Victor Hugo Orcasita och Gustavo Soler Mora, de två förstnämnda ordförande respektive vice ordförande i det lokala gruvfacket.

Enligt Rafael Garcia, säkerhetspolisen DAS’ förre chefen för Informations- och säkerhetspolisens databas, dömd till 18 års fängelse för sina paramilitära förbindelser, betalade Drummond de paramilitära dödsskvadronerna 217.000 dollar för att utföra mordet på de tre stridbara gruvarbetarledarna, en anklagelse som företaget konsekvent har förnekat.

Gruvfacket säger i ett pressmeddelande i början av maj att ”med detta nya vittnesmål under ed från den paramilitäre ledaren Salvatore Mancuso, öppnas möjligheten att inleda en ny utredning på morden 2001 på arbetarledarna”. Enligt facket mördades de tre fackledarna för sin kritik mot arbetsförhållandena i gruvan. Morden på de två första ägde rum när en buss med femtio anställda lämnade gruvan och stoppades av en paramilitär grupp. Locarno sköts i huvudet på platsen medan Orcasita fördes bort, torterades för att senare avrättas. Soler som ersatte Locarno på ordförandeskapet, mördades sju månader senare av ett AUC-kommando [4].

Hundratals offer kremerades i ugnar

Den paramilitära terrorn i Colombia har bland annat uttryckts i att offren har styckats av motorsågar för att utså skräck hos civilbefolkningen. I förhören under ed med Mancuso i USA, uppgav denne att AUC byggde ugnar och i likhet med de tyska nazisterna brände upp sina offer för att undvika att lämna spår efter sig.

Mancuso hävdar att det var den förre AUC-ledaren Carlos Castaño, mördad den 16 april 2004 av sina egna, som efter ett möte med höga militärer och politiker gav order om att bygga ugnarna.

– På mötet med militärerna, politikerna och höga personligheter sa de till kommendant Castaño att om offret, som var begravt, skulle påträffas, skulle antalet offer för våldsam död i landet öka och det skulle bryta och skada den statistik som förelåg för våldsamma mord och visa upp en mycket mer motsägelsefull bild av konflikten, vidhöll Mancuso.

De första uppgifterna om att ”försvunna” skulle kunna ha kremerats i ugnar framkom i oktober 2008. Den paramilitäre ledaren Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano'”, vittnade då om att den första av dessa ugnar hade byggts 2001 för att 98 kroppar skulle brännas upp. År 2003 byggdes en andra ugn och nu bekräftas uppgifterna än en gång.

De paramilitära ledarnas bekännelser har naturligtvis skakat om den allmänna opinionen i Colombia och väcker opinion i utlandet. Men frågan är om det är tillräckligt med dessa bekännanden för att väcka åtal och ställa de verkligt ansvariga för den blodiga terrorn mot den colombianska folkrörelsen till svars för en av mänsklighetens värsta brott mot mänskligheten.

Militärens krig mot civila

Tre överstar och ett 40-tal underofficerare och armésoldater fängslades av Colombias åklagarämbete under den första veckan i maj [6]. Deras brott är att de har avrättat civila men rapporterat de döda som ”gerillasoldater stupade i strid med armén”. Kriget i Colombia brutaliseras allt mer i den väpnade konflikt som pågått i nära ett halvsekel. President Uribe har krävt ”resultat” och colombianska officiella siffror tror att så många som 1100 civila kan ha dödats av armén under de senaste fem åren och som visat upp dem som ”krigstroféer” i kriget mot gerillan.

Internationella människorättsorganisationer menar att den siffran är alldeles för låg och pekar på att militären hävdar att den har dödat över 14.000 gerillasoldater i strid och att över 15.000 har deserterat. Dessa siffror anses vara helt orealistiska eftersom gerillan då i praktiken skulle ha upphört att existera vilket striderna i landet är en dementi på. Många av dessa ”14.000 gerillasoldater” antas därför ha varit civila som iklätts den olivgröna uniformen och presenterats som gerillasoldater.

Dick Emanuelsson

[1] Suit claims Dole bankrolled Colombia death squads, av Frank Bajak, The Associated Press (AP).
[2] Ordenaban asesinar sindicalistas, av nyhetsbyrån YVKE.
[3] Chiquita Brands reveló los nombres de sus ejecutivos comprometidos con pagos a 'paras' en Colombia.
[4] Mancuso revela sus socios 'narcos' y salpica a Moreno, av VERDADABIERTA.com, 29 april 2009.
[5] El jefe paramilitar Salvatore Mancuso denuncio a la multinacional Drummond, av Juan Mora Romero, 29 april, 2009.
[6] Van tres coroneles capturados en una semana por casos de 'falsos positivos', av El Tiempo 7 maj 2009.

Bananarbetare offrade på kapitalets altare i Colombia

<5758 tecken>
Några reflektioner över den para-statliga terrorismens krig mot sitt eget folk.
">Av Dick Emanuelsson *


1993 gjorde jag under en vecka flera reportage i bananregionen Urabá, i norra Colombia. Bananfacket Sintrainagro och dess medlemmar befann sig under en djävulsk press och begravde varje vecka medlemmar eller ledare som fallit offer för paramilitär eller den reguljära militären.

Osvaldo Olivo var generalsekreterare för fackförbundet och Francisco Giraldo var ordförande i bananregionens centrum; staden Apartadó. Tre år senare, 1996 mördades de av paramilitärer.

I juli 1996 jag anlände till den lilla byn vid foten av Sierra Nevada i Anderna. Den 33-åriga änkan Carmen Elena Riobo och åtta av hennes nio barn stod där nästan förskrämda och undrade vad en blond utlänning ville en fattig kvinna och hennes barn. Men det var hennes vittnesmål om hennes man Audén, bananarbetare i regionen Cienaga som hade mördats samma år av paramilitärerna, som jag var intresserad av och hur familjen nu konfronterade framtiden. Och där stod åtta av de nio barnen med stora ögon när jag tog fotot på dem.

Om det inte hade varit för den fackliga solidariteten hade förmodligen flera av hennes barn dött, som tusentals andra barn i Colombia gör varje år av hunger eller undernäring. Humberto Robledo, ordförande för det lokala bananfacket Sintrainagro berättade att de 2000 medlemmarna varje månad överlämnade en summa motsvarande 60 dollar till familjens överlevnad.

Med bibelns hjälp

Det var mitt andra reportage i den region som gav inspiration till nobelpristagaren Gabriel Garcia Marquez roman ”Hundra år av ensamhet”, händelsen från 1928 där United Fruit Company, dagens Chiquita Brands, i samarbete med den konservativa regeringen beordrade armén att öppna eld mot 3000 bananarbetare och familjer som med en lyft bibel förde fram sina lönekrav men bemöttes med kulsprutegevär.

Det första reportaget gjorde jag 1991, också det för Mål&Medel, Livs medlemstidning. Reynaldo Maiguel var då generalsekreterare för Sintrainagro i Cienaga men den 14 februari 1994 klockan halv 4 på morgonen, sparkades hans tunna dörr ner av stövlarna från en paramilitär dödsskvadron. Han släpades ut ur huset och framför sin fru och två små döttrar sköts han ihjäl med åtta skott i huvudet och bröstet.

Intervjuad i LO-Tidningen

I december 2000 guidade Reynaldos efterträdare José Güette mig runt under tre dagar på bananplantagerna i Cienaga. Vi besökte bland annat en av Chiquitas plantager, intervjuade produktionschefen och bjöds på grillat kött samtidigt som chefen utdelade diplom till bästa arbetare. Idyllen var perfekt och under de trettio år som jag har bevakat Colombia är det denna del av Colombia vid Karibien som är min favoritplats.

Men idyllen är samtidigt en chimär för bakom palmer, bananträd och fjärilar döljer sig en statlig och paramilitär terrorism som medför att 600 bananarbetare och fackligt aktiva i Sintrainagro har mördats den senaste 20-årsperioden. Det femsidiga reportaget i LO-Tidningen i januari 2001 fick en uppföljning två veckor senare då jag beskrev hur José Güette, mitt under avtalsförhandlingarna med Chiquita, hade mördats av vad som förmodades vara en paramilitär. Den svarte kraftige fackledaren var orolig när vi reste runt i bananregionen och efter reportaget på Chiquitas plantage tipsades vi av civilbefolkningen om att paramilitärer väntade på oss vid utfarten. José bestämde sig för att ta en annan väg tillbaka vilket förmodligen räddade livet på oss.

”Därför mördar vi dem”

De paramilitära dödskvadronernas ledare i AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) har nu lagt pappren på bordet under det senaste året och bekräftat det som varje bananarbetare visste och berättade om men som ingen kunde bevisa; de multinationella bananbolagen som till exempel Dole och Chiquita gav paramilitären i uppdrag att ”hålla rent från facket på plantagen”. Eller som Carlos Castaño, AUC:s grundare 1994 och befälhavare svarade på frågan från den franske författaren Bernard Henry om ”varför skjuter ni fackliga ledare”:

– De förhindrar folk att arbeta. Därför mördar vi dem.

Jaha, men varför mördar ni indianernas ledare i Alto Sinú? Vem förhindrar han att arbeta, denne lille indian i Tierra Alta?

– Kraftverket! Han förhindrar att kraftverket tas i bruk!

Intervjun publicerades i franska Le Monde samt i det colombianska veckomagasinet Semana den 15 februari 2002. ”Kraftverket” i Tierra Alta byggdes av Skanska 1992-2000. Massor av indianer och bönder mördades av paramilitärerna. Enligt människorättsorganisationerna samt indianerna, genomfördes det på uppdrag av kraftverkskonsortiet och storgodsägare som spekulerade i markförsäljning till det transnationella konsortiet. Indianernas marker, historiska och kulturella riter och levnadsmönster slogs sönder av bygget. Bönder och tiotusentals fiskare i Rio Sinú förlorade sin utkomst.

Paramilitärens klasskaraktär

I dessa två svar från Castaño kan man läsa svaret på frågan om de paramilitära organisationernas uppkomst och existens; försvara det bestående ekonomiska systemet och fysiskt likvidera alla de som kräver en del av produktionsresultatet. När nu de högsta paramilitära ledarna i USA bekänner att de verkade på uppdrag av militär, politiker men också multinationella företag som Dole, Chiquita eller gruvjätten Drummonds, så har en liten del av sanningen kommit ikapp verkligheten och visat den klassmässiga karaktären på paramilitären.

Men tiotusentals anhöriga till offren för dessa psykopatiska mördare kräver rättvisa och sanning, att de intellektuellt ansvariga också bestraffas.

* Dick Emanuelsson har bevakat Colombia och Latinamerika sedan 1980 och arbetade och levde i Colombia från 1999 men tvingades i december 2005 att lämna landet efter att ha mordhotats under hela 2005. Han lever och arbetar nu från Centralamerika.

En kronologisk ordning och ett axplock av USA-företagens intriger och ägarkoncentration

Dole Food Company, Inc. grundades 1851 på Hawai. År 2002 hade bolaget en omsättning på $4.4 billion dollar. Det är den största försäljaren av färska frukter, grönsaker samt snittblommor. De säljer också ett stort antal paketerade eller frysta livsmedel. Dole har affärer i 90 länder och har 33.000 fast anställda och 24.000 säsongs- eller temporärt anställda.

1962: United Fruit skapar det kända klistermärket med etiketten ”Chiquita”.

1963: Herbert Cornuelle blir ny styrelseordförande för United Fruit Company som köper upp A&W Root Beer Company, Foster Grant.

1964: Castle and Cook köper upp “Vaccaro” som i sin tur äger Standard Fruit).

1967: Castle & Cooke Corporation köper upp Standard Fruit och Steamship Company.

1973: För första gången i historien placeras företaget Dole på första platsen i USA med 45 procent av försäljning av bananer och förpassar United Brands till andra plats med 35 procent av marknaden.

1983: United Brands ramlar ner till tredje platsen medan Del Monte och Standard Fruit tar hand om de två första platserna.

1985: Affärsmagnaten David Murdock köper Castle and Cook som i sin tur är ägare av Standard Fruit och döper det nya företaget till Dole Corporation.

1989: Konkurrenten Carl H. Lindner bestämmer sig för att byta namn på United Brands Company till Chiquita Brands International Incorporated.

1990: Chiquita intar första platsen som bananproducent och försäljare (33%) och förpassar Dole till andra platsen med 22%.

Under 1990-talet har USA-företagen, med aktiv uppbackning av de olika regeringarna från Bush till Clinton, tagit strid med EU:s beslut att införa tullavgifter på USA-bananer.

Dick Emanuelsson
Källa: http://www.unitedfruit.org/chronology.html